Resumen
Encuadernado en rústica plastificada y con cubierta azul. Coeditado con la Universidad Carlos III de Madrid(2000).
La reducción de los costes sociales de los accidentes requiere la coordinación de distintas políticas públicas, pero tropieza con las dificultades de determinación y valoración del daño personal. Por ello es central la distinción entre daños patrimoniales y no pecuniarios, porque mientras el pago de un equivalente monetario permite normalmente la reparación integral de aquél, la reparación in natura de los daños morales más graves es inviable: Todo el oro del mundo es incapaz de compensar a la víctima o sus allegados. En un sistema de valoración abierto como el nuestro, los Tribunales están peor situados que el legislador para valorar estos daños morales. Su libre apreciación judicial, lejos de materializar el principio de reparación integral del artículo 1.902 CC, produce un grave problema de variabilidad indemnizatoria, y consiguientemente, un déficit de seguridad jurídica, justicia e igualdad, además de comprometer seriamente su asegurabilidad. Esta obra ofrece un marco analítico para la evaluación del baremo, que compara sus ventajas e inconvenientes frente a las alternativas en y al Derecho de daños, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el de su aplicación y experiencia prácticas en éste y otros países. El autor suministra criterios para la adopción de políticas públicas en materia de riesgo y para su interpretación en clave constitucional en vísperas del esperado pronunciamiento del Alto Tribunal.
