Resumen
La Administración, como instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas, es uno de los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia para los ciudadanos, evitando que éstos se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas constitucionalmente. En este ámbito, los delitos contra la Administración, en su heterogeneidad, son verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una actuación penalmente responsable de uno de los miembros de la Administración, lo que afectaría a la propia imagen de la misma. En la actualidad, por desgracia, hemos vuelto a retomar estos temas con fuerza, por las actuaciones de ciertas autoridades y funcionarios, que olvidan sus cometidos y actúan a favor de persona o personas determinadas, utilizando su posición para cargar sobre la política o la economía.
