Resumen
El tema abordado en el presente libro desde una perspectiva jurídica, constituye uno de los puntos cardinales para el desarrollo de la sociedad de la información, a la que España se incorporó con bastante retraso, pues hasta mediados de los años noventa no se comenzaron a adoptar, con mayor o menor éxito, iniciativas oficiales en este campo. El relativo retraso de España pudo ser debido en gran medida a la menor implantación de las tecnologías de la información, con un bajísimo número de internautas y ordenadores por hogar, pero también pudieron tener influencia muchos otros factores jurídicos, económicos, sociales e incluso psicológicos. La situación ha cambiado notablemente en los últimos tiempos, a pesar de que no se hayan llevado a la práctica todas las políticas que el Gobierno había diseñado en el Plan "Info XXI", presentado por la Ministra Ana Birulés en enero de 2001 para el trienio 2001-2003, y dotado con 825.000 millones de pesetas. Ante el evidente fracaso del plan, en el Ministerio se creó una comisión de expertos presidida por Juan Soto, que en abril de 2003 presentó sus conclusiones, en las que aconsejaba un cambio radical. Como consecuencia de todo ello se ha presentado en 2003 el nuevo Plan "España.es", que cuenta con un presupuesto de 1.029 millones de euros para los años 2004-2005, concentrándose en determinadas áreas "vitales", como Educación, Administración y pymes. A pesar de los fracasos, y aun cuando España probablemente no se encuentre en la situación que teóricamente correspondería a su potencial y nivel de desarrollo, lo cierto es que en los últimos años se han producido avances significativos. Basta señalar que, a tenor de la información difundida en mayo de 2003 por la Asociación Española de Comercio Electrónico, en el año 2002 se alcanzó un volumen de negocio de 1.160 millones de euros, lo que representa un asombroso incremento del 240% en cinco años; el número de con
