Resumen
Los particulares tenemos derecho a ser indemnizados por toda lesión que suframos en nuestros bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y salvo en los casos de fuerza mayor. Así lo recoge el art. 106 de la Contitución Española; esta consagración constitucional genera en España cientos de miles de reclamaciones formuladas por los ciudadanos frente a las distintas Administraciones, muchas de las cuales terminan judicializándose.
La exhaustiva selección jurisprudencial ofrecida permitirá conocer la configuración general de la responsabilidad patrimonial, por ejemplo, cuál es la naturaleza de la misma, qué requisitos deben concurrir o, entre otros aspectos, qué elementos rompen la relación de causalidad entre el daño y la actuación pública.
Pero la obra ofrece cientos de ejemplos reales tratados en los Tribunales sobre innumerables supuestos: accidentes de tráfico derivados de la mala señalización de las calzadas, caídas en la vía pública por el mal estado de las aceras, encarcelamiento de inocentes, errores médicos y un largo etcétera.
